¿Qué pasó en el caso de corrupción de la Universidad Distrital? El exdirector del Idexud, Wilman Muñoz, condenado por desviar millonarios recursos públicos, entregó pruebas que involucran a destacados políticos y directivos en redes de coimas y cuotas burocráticas.
Este escándalo ha vuelto a sacudir los cimientos del sector educativo y político en Colombia.
El millonario desfalco de Wilman Muñoz en el Idexud
El desvío de fondos públicos de la institución educativa superó niveles sin precedentes en Bogotá.
A finales de 2019 se conoció que Wilman Muñoz desvió más de 11.624 millones de pesos de la Universidad Distrital. El exdirector utilizó cuentas oficiales y una tarjeta de crédito institucional para emitir 369 cheques con fines estrictamente personales.
Los recursos públicos se gastaron en:
- Compra de vehículos de alta gama y propiedades de lujo.
- Adquisición de relojes costosos y artículos suntuarios.
- Pagos en hoteles, restaurantes exclusivos y viajes.
Debido a estas acciones, Muñoz fue condenado a 22 años de prisión. Adicionalmente, recibió una multa superior a los 12.000 millones de pesos y una inhabilitación de 270 meses para ejercer cargos públicos.
Señalamientos contra figuras de la política nacional
El caso trasciende el enriquecimiento ilícito y alcanza a esferas de alto poder en el país.
Muñoz entregó a la Fiscalía General de la Nación más de 40.000 archivos digitales distribuidos en 26 carpetas. Con este material probatorio, afirmó que el Idexud se transformó en una herramienta para favorecer intereses políticos y económicos particulares.
Entre los nombres de alto perfil salpicados en sus declaraciones se encuentran:
- Alfonso Prada: Exministro del Interior y actual embajador de Colombia en Francia.
- Olga Lucía Velásquez: Representante a la Cámara.
- Antonio Sanguino: Excongresista de la República.
- Directivos universitarios: Múltiples altos mandos de la propia Universidad Distrital.
El exdirector ha solicitado esquemas de protección urgentes a las autoridades de justicia. Muñoz justificó su temor argumentando que algunos de los implicados tienen supuestos nexos con milicias urbanas del ELN infiltradas en el campus.
Coimas en contratos con el Sena y nexos con los “petrovideos”
Las declaraciones detallan pagos ilícitos a través de convenios de interventoría modificados.
Según el testimonio de Muñoz, Alfonso Prada habría recibido aproximadamente 450 millones de pesos en coimas. Este dinero estaría ligado al contrato interadministrativo 1069 de 2015, cuyo valor global rondaba los 9.000 millones de pesos para realizar interventorías con el Sena.
Los pagos ilegales se habrían camuflado mediante el uso de operadores logísticos durante el año 2017. Asimismo, el testigo señaló que parte de las utilidades contractuales beneficiaron a personas ligadas a la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, mencionando directamente a Juan Carlos Montes, implicado en los conocidos “petrovideos”.
El esquema criminal incluyó cerca de 19 contratos con el IDRD bajo la dirección de Aldo Cadena, pero supervisados por Montes. Bajo esta modalidad se habrían cobrado comisiones del 10 % en interventorías, sumando montos superiores a los 6.000 millones de pesos.
Presuntas cuotas burocráticas y la elección del rector
La designación de las directivas universitarias también se encuentra bajo sospecha judicial.
Muñoz afirmó que la elección del rector Ricardo García no fue un proceso limpio, sino que contó con el respaldo directo de fichas políticas como Alfonso Prada y Olga Lucía Velásquez. El beneficio de este apoyo coordinado era asegurar cuotas burocráticas dentro de la institución pública.
Para sustentar esta acusación, el exdirector aportó registros de chats donde se evidencian las gestiones de apoyo, felicitaciones mutuas y citas para concretar los acuerdos políticos.
Respuestas de los implicados y condenas ratificadas
Los líderes políticos mencionados han rechazado de forma unánime las acusaciones de Muñoz.
Olga Lucía Velásquez negó los señalamientos a medios de comunicación, defendiendo que la elección del rector se basó estrictamente en la meritocracia. Respecto a los mensajes de texto, argumentó que su teléfono celular institucional era manejado de forma común por el personal de su oficina. Alfonso Prada y Antonio Sanguino también descalificaron las denuncias, catalogándolas como injurias, calumnias y falsedades sin soporte real.
Por otro lado, la justicia avanzó en la judicialización de otros implicados en el desfalco:
- Patricia Gamboa: Condenada a 17 años de cárcel y una multa de 5.000 millones de pesos tras ser señalada como la tesorera de Muñoz.
- Estado del proceso: Gamboa alega irregularidades procesales e inocencia, por lo que su caso está en revisión por el Tribunal Superior de Bogotá.
El actual rector de la Universidad Distrital afirmó que estos señalamientos buscan desprestigiar la institución, aclarando que su propia administración denunció penalmente los hechos del pasado. El esclarecimiento final queda en manos de los jueces de la República.
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